La sentencia obliga al cabildo a entregar la información requerida, incluyendo detalles sobre contratos, nóminas, compras y pagos realizados durante el período solicitado. El tribunal consideró que la negativa del ayuntamiento violó el derecho constitucional de los ciudadanos a acceder a información pública.
La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública garantiza que cualquier ciudadano pueda solicitar datos sobre el manejo de recursos públicos, sin necesidad de justificar el motivo de la solicitud. Las instituciones están obligadas a responder en un plazo de 15 días hábiles.
🗣️ Reacciones
Diversos sectores de la sociedad civil han celebrado la decisión como un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión municipal. Rafael Antún expresó que este fallo sienta un precedente para que otras alcaldías respeten el derecho ciudadano a la información.
Este caso refuerza la importancia de la participación ciudadana y el uso de herramientas legales para exigir transparencia en la administración pública.
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