San Pedro de Macorís.RD. Esta noche del jueves fue apazada la audiencia que se les sigue a los implicados en secuestro y dar muerte a los choferes de la Parte Este de la Republica Dominicana. En esta ocasión la audiencias fue aplazada por lo avanzada de la hora y además por los peligros que encierra el traslado de los Imputados a sus cárceles, además lo extensa que es la investigación que fue llevada a cabo por el Ministerio Público , representados por los fiscales Claudio Cordero y Chanel Dessi Gómez.
Al rededor de 24 testigos serán escuchados , más las pruebas materiales, documentales e ilustrativas de lugar.
Estos son los imputados sentados en el banquillo de los acusados. Hugo Antonio Zorrilla Alfonseca, Luz Divina Martínez Pimentel, Janser Peralta Mercedes, Radhamés Ramírez Rodríguez, Jaime Valentín Encarnación Figuereo (Jay), y Samuel de Jesús Fortuna Peña (Samuel o Bocio), para todos ellos La Fiscalía has solicitado una pena de 30 años de prisión.
Estos son señalados de haber secuestrado y posteriormente asesinar a los chóferes Vidal Dionisio Berroa Manzueta, Jary Wilson Rodríguez, Germán Arredondo Quezada y David Polanco, hechos que indignaron y consternaron a toda la población dominicana y al mundo.
La Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, encabezada por su titular Pedro Núñez Jiménez, acusa al grupo de violar los artículos 59, 60, 61, 62, 265, 266, 267, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303-4 numerales 9, 10 y 11, 379, y 382 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 39 de la antigua Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El expediente establece que el modo de operación de los inculpados consistía en utilizar maniobras fraudulentas para ubicar a determinados vehículos que eran solicitados con ciertas especificaciones por las personas que tenían a cargo, posteriormente, la venta de los mismos.
Indica que los imputados lograban convencer a los chóferes de forma amigable para que se fueran con ellos tras proponerles que necesitaban un vehículo para trasladar pasajeros de la localidad de Juan Dolio al municipio de Ramón Santana, pagando muchas veces por adelantado más de la mitad de lo pactado.
Explica que de esa forma se inició una cacería de vehículos que dejó sin vida al menos a cuatro personas y en estado de “shock” a varias víctimas que pudieron sobrevivir a los hechos. El pueblo espera que los jueces hagan justicia.
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