jueves, 4 de agosto de 2016

Es el momento de luchar por una RD unida

San Pedro de Macoris RD. Santo Domingo. Palabras pronunciadas por Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia (APD), en el Altar de la Patria, en ocasión de cumplirse el vigésimo cuarto aniversario de la fundación de la organización política. Cada año, al cumplirse el aniversario de la fundación de la Alianza por la Democracia (APD), venimos aquí a rendir tributo a quienes crearon la República Dominicana y a reiterar nuestro compromiso indeclinable de continuar su obra. La APD fue fundada el día 2 de agosto de 1992, hace hoy exactamente veinticuatro años, con el propósito expreso de contribuir a hacer del nuestro un país más justo, más solidario y democrático. Este año decimos presente en el Altar de la Patria afectados por el grave deterioro institucional que sufre nuestro país como resultado del fraude montado desde el gobierno en las elecciones del pasado 15 de mayo. Esas elecciones han significado un profundo retroceso para la vida institucional democrática y para las aspiraciones de bienestar de nuestro pueblo dentro de un ambiente de paz y seguridad ciudadanas. Fuimos a las elecciones unidos a otras fuerzas políticas con las que tenemos coincidencias importantes sobre aspectos fundamentales. Constituimos una coalición política electoral con el partido Opción Democrática y con el movimiento Nueva Democracia. A nivel local le brindamos la oportunidad a las más diversas fuerzas sociales y políticas impulsadas por sentimientos democráticos y de avance social a fin de que estas pudieran participar de manera activa en las elecciones a través de la boleta electoral de la APD. A fin de darle más fuerza a nuestros propósitos de apertura a favor de las transformaciones sociales y políticas concertamos alianzas a nivel local con otros partidos. Siempre nos movió el interés de sumar fuerzas a favor del cambio social. En todo el país, nuestros candidatos defendieron con ahínco y determinación el programa de transformaciones sociales y consolidación democrática que sometimos a la consideración de la ciudadanía. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que el programa presentado por la APD en mayo pasado fue el mejor estructurado y el más adaptado a las necesidades propias del momento presente de la vida del pueblo dominicano. Nuestra candidata presidencial, Minou Tavárez Mirabal, acompañada siempre por nuestro candidato vicepresidencial, Mario Bergés, defendió todo el tiempo nuestras posiciones políticas y programáticas con gallardía y responsabilidad. En el Distrito Nacional, contamos con la notable participación de nuestro candidato a senador, Carlos de Peña, coordinador nacional de Nueva Democracia, junto a un conjunto de meritorios candidatos y candidatas a diputados y diputadas y a funciones de representación municipal. Y así sucedió en todas partes. Nuestros candidatos y candidatas, a pesar de las serias limitaciones materiales en que nos desenvolvimos, y del contexto sumamente desfavorable impuesto por el gobierno y el partido de gobierno, montado y manipulado por ellos para mantenerse en el gobierno, realizaron una labor destacada, enfrentando todo tipo de adversidades. Sabíamos que confrontábamos una maquinaria poderosa, encabezada por un hombre dispuesto a todo para imponer sus ambiciones e intereses. Lo había demostrado al utilizar todos los métodos a su alcance, lícitos e ilícitos, para lograr la reforma constitucional que le permitiera ser candidato presidencial en mayo pasado. Mediante el pacto espurio de la reelección por reelección compró personas y partidos enteros, abolió la democracia interna en los partidos políticos y aplastó sus opositores dentro de su propio partido. Después de esto, se podía esperar lo peor. No obstante, seguimos adelante, poniendo todo nuestro empeño en hacerlo lo mejor posible. Sabiendo lo que podía suceder el día de las elecciones, propiciamos un acercamiento entre todas las fuerzas de la oposición política, centrándonos en los temas de la exigencia de garantías electorales y la defensa del voto. Aunque no se logró concertar los esfuerzos de toda la oposición en torno a estos propósitos en un primer momento, los partidos opositores fuimos capaces de defender nuestros intereses y los de la democracia dominicana, presentándose los candidatos presidenciales de la oposición juntos en la sede la Junta Central Electoral el lunes 9 de mayo, a seis días de la realización de las elecciones generales. Reitero, sabíamos lo que venía. Estaban claras las evidencias de lo que se preparaba: un fraude de gran envergadura. La oposición había descubierto el plan que se urdía. Violando la ley electoral, se pretendía sustituir el conteo público de los votos, previsto en la ley electoral, por un conteo amañado realizado por medio de máquinas de cómputos y programas que nadie había auditado. La denuncia responsable que hizo la oposición en su conjunto, permitió que se tomaran algunas medidas correctivas. Una reunión de los candidatos presidenciales de la oposición con la misión internacional de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), obligó a la Junta Central Electoral a reconocer que en el conteo electoral debía prevalecer el conteo manual y no el electrónico. Esta exigencia de la oposición “salvó las elecciones”, según establece el informe preliminar de la Misión Electoral de la OEA. Aunque los comicios se realizaron en base al criterio anteriormente señalado, que es el establecido por la ley, no se pudo impedir el fraude preparado por el gobierno con la participación activa de la Junta Central Electoral. De este modo, las elecciones del pasado 15 de mayo pasado resultaron ser las peor organizadas, menos transparentes y más corruptas de las últimas décadas. El desorden electoral fue programado para favorecer el partido de gobierno y sus candidatos y candidatas. La última manifestación abierta y descarada de la comisión de un fraude electoral en los comicios del 15 de mayo pasado, fue el proceso de examen de las actas de elección por la Asamblea Nacional el pasado martes 26 de julio. Este proceso de examen, establecido de manera taxativa en la Constitución de la República, no pudo llevarse a efecto ya que las actas no fueron remitidas por la Junta Central Electoral a la Asamblea Nacional. La proclamación emanada de esta asamblea fue, por consiguiente, una proclamación viciada en sus orígenes mismos. Lo que hemos vivido en los últimos meses no es una crisis político-electoral. Se trata de algo mucho más grave. Las bases mismas sobre las que pretende asentarse el sistema político que nos rige han sido profundamente vulneradas. Al colapsar el sistema electoral en mayo pasado hemos entrado, de hecho, en una crisis de carácter institucional, en una crisis de legitimidad del sistema político, con todas las consecuencias que ello acarrea para la estabilidad política y social. La democracia dominicana sufrió un grave retroceso con el fraude electoral. El grupo que se ha enquistado en el Estado dominicano y ha venido extendiendo su dominio sobre él dio un paso más en su propósito de poner toda la República Dominicana y sus habitantes al servicio de sus intereses particulares que giran en torno a la acumulación de poder y riquezas. Esto ha sido visto con claridad no solamente por los candidatos y partidos de oposición, sino también por los más amplios y representativos sectores que vislumbran altos riesgos y peligros en el horizonte social y político del país. Frente a estos riesgos y peligros, en la Alianza por la Democracia consideramos que el momento que vivimos manda a luchar unidos por una República Dominicana democrática. Al tiempo de enarbolar nuestras posiciones políticas particulares sobre los diversos aspectos del quehacer nacional, pondremos todo nuestro empeño en marchar juntos con todas las fuerzas políticas y sociales de la nación para hacer valer los principios y las reglas de la democracia. Compartimos plenamente las posiciones suscritas por los candidatos presidenciales de la oposición en los pasados comicios y por los partidos que sustentaron sus candidaturas, cuanto estos afirman que se impone restaurar la confianza como prerrequisito para el mantenimiento de la gobernabilidad democrática. Esa restauración de la confianza pasa, en primer lugar, por la designación de ciudadanos y ciudadanas honestos y responsables al frente de los órganos electorales. Pasa también por la realización de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral y la vida de los partidos políticos. Como han señalado de una sola voz las fuerzas políticas de oposición, solo cuando se hayan establecido las bases fundamentales para superar el sistema político inequitativo y poco transparente que nos rige y se restaure la confianza en los actores institucionales y las instituciones, podrá el país abocarse a discutir las medidas necesarias para enfrentar los graves desafíos y amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad. El momento es de luchar unidos por una República Dominicana democrática. Sólo dentro del marco de una República Dominicana verdaderamente democrática podrá nuestro pueblo salir adelante, superando las graves dificultades que le afectan. Como dije al inicio estas palabras, la Alianza por la Democracia reitera de manera solemne su compromiso de luchar por una República más justa, más solidaria y democrática. Queremos una República Dominicana democrática, ni más ni menos. ¡Luchemos unidos por ella! En Santo Domingo, el 2 de agosto de 2016, ante el Altar de la Patria, al cumplirse el 24 aniversario de la fundación de la Alianza por la Democracia (APD).

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